A 16 años de distancia, la justicia se mantiene prófuga y en impunidad los responsables de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron calcinados 49 niños y alrededor de 100 resultaron con heridas de por vida. Y en este aniversario luctuoso, al igual que en los anteriores, no hay visos de que este balance se modifique. Entonces, ¿a quién deben recurrir los padres?, porque han tocado todas las puertas y todas han permanecido cerradas, tanto las de los impartidores de justicia como las de políticos y autoridades civiles –federales y estatales–, que desde el principio apostaron por el silencio y el olvido.
Desde la capital sonorense llega la información: A 16 años de la tragedia infantil más grave en la historia reciente de México, los padres y madres de los 49 menores que fallecieron en el incendio de la guardería ABC volvieron a salir a las calles de Hermosillo para exigir justicia. Acompañados por sobrevivientes, familiares y ciudadanos solidarios, alrededor de 3 mil personas marcharon este miércoles desde las ruinas del inmueble ubicado en la colonia Y Griega hasta las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, en pleno centro de la ciudad. El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, conformado por las familias de las víctimas, emitió un enérgico llamado a los ministros recién electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su exigencia: que se cumplan las sentencias ya dictadas, que se encarcele a los responsables materiales y administrativos, y que se reparen los daños a las víctimas ( La Jornada, Cristina Gómez Lima, corresponsal).
Y más: “‘la justicia en este país se mide en impunidad’, expresó Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, uno de los niños fallecidos. En nombre del colectivo, leyó un manifiesto en el que denunció que, pese a las condenas emitidas por tribunales, muchos de los implicados continúan en libertad. ‘El Estado mexicano ha demostrado que no dará justicia a nuestros hijos; seguimos esperando que se cumplan las penas mientras los sentenciados se mantienen libres; este es un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dejen de estar protegiendo a estas personas, y que de una vez por todas se ejecuten las sentencias que ya están firmes; no vamos a permitir que sigan postergando el ingreso de los ya sentenciados a los penales’” ( ídem).
Así es: para efectos de la clase política y judicial, a pesar de que todo ha sido documentado y plenamente identificados los responsables, la tragedia de la guardería ABC (subrogada en 2001, vía tráfico de influencias, en el sexenio de Vicente Fox) permanece en el éter de la justicia a la mexicana, en la que prevalecen los intereses políticos, las presiones, los chantajes, las amenazas y, desde luego, los negocios. Y la parentela política de Felipe Calderón y la biológica de Margarita Zavala (los concesionarios eran Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, junto con Gildardo Urquides y Sandra Téllez Nieves), más Eduardo Bours (entonces gobernador de Sonora), Ernesto Gándara Camou (en ese momento alcalde de Hermosillo), Daniel Karam (a la sazón director del IMSS), Carla Rochín Nieto (por aquellos tiempos coordinadora Nacional de Guarderías del IMSS) y demás responsables cómodamente permanecen intocados y en libertad.
Todos operaron políticamente, comenzando por Calderón y su secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont (al mismo tiempo abogado corporativo del tóxico Germán Larrea), para que ninguno de los responsables terminara en la cárcel y 16 años después así se mantienen. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia y el proyecto de dictamen (elaborado por Arturo Zaldívar, quien en 2022 denunció: Felipe Calderón maniobró para dejar impune el caso de la guardería ABC; hubo una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala y no involucrarla en el incendio ocurrido en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009) que fue rechazado por los ministros (ocho contra tres). Todos se lavaron las manos y, 16 años después, se mantienen intocados.
Las rebanadas del pastel
Sirva como cápsula de memoria: de 1997 (sexenio de Ernesto Zedillo) a 2007 (primer año de Felipe Calderón), el número de guarderías del IMSS concesionadas a particulares (la ABC entre ellas) se incrementó en cerca de 300 por ciento (de 381 a mil 423), en un negocio que a los privados garantizaba un ingreso mínimo de 8 mil millones de pesos anuales (provenientes del erario, desde luego). En cambio, las directamente administradas por el Seguro Social, cero por ciento.
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